Perdón por lo sincericida

Que me perdonen los moderados, pero es profundamente saludable que el proyecto original de ley para inyectarle 151.960.000.000 pesos al Transantiago falle este martes.

Primero, porque esa inmensa tracalada de plata no se va a gastar en mejorar las condiciones del sistema ni condiciona esos recursos siquiera. Ni un sólo peso de esas lucas va para comprar más buses, construir paraderos, remplazar la eterna implementación tecnológica, instalar más centros bip! de carga, apurar la construcción de los corredores de Santa Rosa, implementar medidas contra la evasión o cualquier otra inversión en infraestructura. No, no y no. Con o sin el dinero la humillación diaria y heroicamente silenciosa de los santiaguinos continuará su constante via crucis. La ley es simplemente es para darle respiración boca a boca –para contenerlo en la UTI- a este enfermo blanco con franjas verdes. Para mantenerlo conectado al respirador artificial hasta diciembre.

Aunque como votante de la Concertación me duela hasta el tuétano reconocerlo, el domingo pasado Melnick dijo lo desgarradoramente cierto: el dinero se va a usar para no pagar el costo político del dantesco error de comenzar el proyecto en febrero. Ese dinero se está usando para acallarnos como ciudadanos, para evitar que el alza del pasaje de un servicio que es básico y monopólico nos haga reaccionar.

Aquí que me perdonen los pragmáticos: ese costo debe pagarse ahora, en el ojo del huracán. Si el proyecto cae, se hundirían con él Belisario Velasco, Viera – Gallo, Lagos Weber y Andrés Velasco. Nada personal contra ellos, pero es el terremoto que la política chilena necesita para asumir con entereza la crisis y no pasarla por el lado.

Por eso deben pagarlos Ministros, Subsecretarios, Gerentes y todas las personas del Ministerio de Transportes, Obras Públicas, Hacienda y el AFT que tuvieron sus manos ensuciadas con esto. Deben pagarlas por las millones de horas-hombre perdidas por los trabajadores, por la fuerte degradación de la calidad de vida en esta ciudad, por el efecto del proyecto en la economía nacional, por todo el sufrimiento que se vio en un comienzo como mero “costo de implementación”. Basta de paliativos señores, hay que disparar sobres azules a discreción. La ciudad se merece algo más que disculpas balbuceadas que suenan a disco rallado, sin efectos concretos. Y no hay apuro, que la Presidenta y toda la Concertación la pagaran en la encuesta CEP en dos semanas más.

Que lo sepamos bien desde un comienzo: se están colocando 30 mil pesos por cada santiaguino sacando dicha inversión de los impuestos generales de la Nación. Ese dinero representa 4 años completos del Presupuesto de Investigaciones de Chile, más de la mitad de la inyección a Educación que la misma Bachelet anunció el 21 de mayo, 6 veces el presupuesto anual de la Contraloría General de la República.

Esa montaña dinero va para que no quiebre el sistema de financiamiento, no para mejorar el sistema de transportes.

Segundo, porque si el Presidente del Senado junto con el Vicepresidente le hacen sendas indicaciones al proyecto, por algo será. Más allá de sus conflictos mezquinos e individualistas que cada uno de ellos mantenga con las directivas de sus respectivos partidos, es una señal potente e inequívoca.

Las negociaciones del Gobierno con los parlamentarios oficialistas y de oposición han sido un horrible ejemplo de prepotencia y extorsión (perdónenme los cautos por el lenguaje violento pero ajustado a los acontecimientos). El gobierno ha confundido la premura de los recursos con pasar la aplanadora por Valparaíso haciendo llamados a la disciplina para evitar la discusión de los temas de fondo: ¿es adecuada esa suma de dinero? ¿?cuales es la modalidad de entrega de dichos recursos? ¿Qué medidas de infraestructura se van a realizar en conjunto con la inyección de recursos?

Si finalmente la ley se aprueba entregando ciento sesenta y ocho mil millones de pesos para el Transantiago más una cifra equivalente para regiones (una cifra equivalente al Davilazo de los ‘90s), la historia recordará que gastamos gran parte de nuestros excedentes del cobre en salvar a una guagua que nació media muerta. El despilfarro del salitre será un mal chiste al lado de este condoro.

matias m, aprovechando el tiempo libre que da la cesantía

aquí un bonus track, la opinión de Frei: "no sacamos nada con inyectar fondos al sistema para salvarlo de la quiebra e impedir el alza de tarifas, si esto no va aparejado de una mejora sustancial en la calidad del servicio. De lo contrario, seguiremos dilapidando recursos entregándoselos a quienes han hecho mal su tarea. Por lo mismo, es que también pedimos al Ministro de Transportes que presente a la brevedad un plan alternativo al Transantiago para ponerlo en práctica si éste no entra a la brevedad en proceso de franca mejoría."

Los colados

Como psicólogo laboral y experto en comportamiento organizacional, me sorprende de sobremanera la forma ramplona y simple con que se ha analizado el tema de la evasión de pago por parte de los pasajeros en el Transantiago.

Más allá de la cifra específica de evasión -20% según operadoras, 40% dice el gobierno- se hecha de menos una interpretación que involucre diferentes niveles de análisis y no caiga en el zapato chino de que es la “viveza nacional del chileno” la que explica tales cifras del fenómeno. Adjudicar el no pago de un número importante de los usuarios a ello no sólo no es cierto, sino que es un juicio negativo sobre nuestra propia cultura nacional que sólo ensombrece muestra comprensión del problema y no es de utilidad para pensar las posibles soluciones o intervenciones que este inconveniente requiere. Por ese derrotero sólo llegamos a que los usuarios deben trenzarse en grescas entre ellos para exigir a los “colados” que paguen por el servicio. Una solución tan poco institucional como confiar que los automovilistas solidariamente lleven a las personas que el Transantiago no alcanza con su capacidad llena de bote a bote.

El problema se puede y debe mirarse desde otras ópticas. Por ejemplo, podemos equipararlo con el ausentismo laboral en las empresas o enfocarlo como una externalidad negativa del sistema. Utilizando dicho enfoque es fácil concluir que la evasión –al igual que el ausentismo- es un síntoma que puede tener diferentes causas: el malestar de los usuarios con respecto al sistema de transporte, problemas en el diseño del sistema de control de pagos, desinformación de los usuarios, etc. Un síntoma organizacional por definición no tiene una única causa que se relacione de manera inmediata con él. Es decir, la evasión como output o resultado debe reintroducirse en un nuevo modelo comprensivo que lo incluya explícitamente en el análisis.

La evasión como problema debiera afrontarse en distintos niveles de análisis, ya que medidas aisladas (a nivel de castigo a los usuarios o la reformulación de la descripción de cargo de los choferes) están destinadas al fracaso por dichas medidas carecer de soporte organizacional y consecuencia en otros niveles.

Entonces, ¿cómo intervenir de manera multidimensional la evasión?

Un primer nivel de intervención debiera ser con la facilitación de las formas de pago. Esto, que suena a perogrullo, hoy no existe. Por más que existan 1.000 puntos y 50 centros bip! para la recarga, la cobertura es minúscula. Considerando que el radio urbano de Santiago tiene 641,4 km², un usuario tendría que caminar al menos 6 cuadras si cada oficina estaría exactamente equidistante de las restantes. Ello, sin considerar los disímiles horarios de funcionamiento de cada centro de recarga. Por algo hoy en el Metro se realizan más del 60% de las recargas.

Además, más allá del número, sorprende que el AFT se empecine tanto en activar la carga web de las tarjetas que sólo podrá beneficiar a quienes tienen tarjetas de crédito o redbanc y acceso a internet (un número relativamente bajo de los usuarios del sistema) mientras no se haya diseñado también una máquina de autocarga, que no requiera de un cajero para su utilización. Si hay maquinas que venden sin problemas condones, cocacolas y Super8, no veo la dificultad para que ocurra lo mismo para recargar las bip’s.

Un segundo nivel tiene que ver con la fiscalización del mismo. Antes de la puesta en marcha del plan en febrero se fijó una tarifa de castigo (cerca de 40 mil pesos y cuyo no pago podía terminar con el acusado hasta en Dicom) y se contrató a 100 supervisores para controlar que los usuarios cancelaran la tarifa. Pero los problemas iniciales del plan modificaron las tareas de dichos fiscalizadores, que pasaron de controlar a los usuarios a controlar que los operadores cumplieran con las frecuencias comprometidas.

En el caso de los buses articulados bastaría con que un grupo de cuatro fiscalizadores podría entrar simultáneamente al bus, cada uno por una de sus puertas, lo que evitaría que los colados escapen al ver al inspector. Adicionalmente, los fiscalizadores podrían llevar tarjetas de identificación en vez de uniforme, lo que les permitiría realizar controles de manera más sorpresiva y, por ende, efectiva.

Una arista relevante al respecto es que el gobierno debiera dejar de sentir culpa por fiscalizar a los usuarios de un sistema de transporte que tiene una muy baja calidad de servicio. La tarifa integrada es suficiente beneficio para las personas que realizan los viajes más largos –quienes viven en la periferia- y la fiscalización ayuda a racionalizar el uso del servicio, sin perjuicio de que se mejoren los otros elementos deficientes del plan. En otras palabras, la fiscalización es una acción fundamental para que a mediano y largo plazo la tarifa se estabilice en un precio razonable. Es un paso en la dirección correcta.

Otro nivel de intervención tiene que ver con la información a los usuarios. Hasta el día de hoy el mensaje implícito es que la evasión es un tema particular, entre privados. Se trataría de una dificultad entre los usuarios que pagan el transporte y quienes no o entre los operadores y los usuarios infractores. La vía pública y la propia señalética dentro de los buses tiene que ser explícita en establecer que evadir el pago del bus es un delito, cuantificando la penalidad del mismo. Por ejemplo: “Si su tarjeta bip! no está validada en el bus, el inspector podrá multarlo hasta por 40 mil pesos”. Debe incluirse el mensaje de que “validar la tarjeta es SU responsabilidad” (una imagen de Lagos atemorizando con el dedo le agregaría valor a la propuesta) ya que en el régimen antiguo de las amarillas, la responsabilidad de cobrar el pasaje era del chofer a tal punto, que s un pasajero no tenía boleto el multado era el chofer independientemente de si el pasajero había cancelado o no su pasaje.

Este último tema nos lleva al último punto: el controvertido rol que deben jugar los choferes de los buses en el nuevo sistema. Por estar en contacto directo con los pasajeros y tener una larga tradición de autonomía y capacidad de organización, son uno de los elementos claves del nuevo sistema. Sobretodo porque la calidad de servicio de las amarillas no era muy buena (sí en cambio la cobertura), hay que evitar transferir la responsabilidad de la evasión íntegramente a los choferes. Si se les implementa un sistema de renta variable como vocean algunos, las carreras y el resto de las externalidades negativas regresarán con ello.

Más bien debieran estipularse castigos para inhibir conductas pro – evasión, como el abrir únicamente las puertas traseras del bus en el paradero para permitir la entrada gratuita a las personas, así como otras prácticas en la misma línea. Pero ojo, estás medidas sólo son socialmente aceptables y políticamente viables cuando el sistema de transporte capitalino demuestre que cuenta con la capacidad suficiente para llevarnos a casa sin desbordarnos. Hay que intervenir la tarea de los choferes con el resto de los niveles de análisis cubiertos y no partir por estos, porque de lo contrario les exigiremos una tarea imposible.

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video de colados

un video sensacional

Este video lo hicieron en un momento de descanso en Venture Conecctions, LC. El clima se ve notable
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Punto de Ebullición

El cierre por 20 minutos del Metro de santiago provoca que multitudes de civiles se vuelquen a las calles para protestar por lo que dicen es un sistema de transporte humillante. La visita flash de la presidenta a Aysen después del maremoto hace que cientos de enfurecidos ciudadanos "funen" la visita.

Cómo dirían los geógrafos, el gobierno está pisando sobre hielo delgado. Cualquier desperfecto menor o técnico puede provocar una manifestación social de proporciones. Y esto no es sólo una cuña mediática de la oposición o de los agoreros del pesimismo (dicho escenario no sería grave, las oposiciones suelen sobrerreaccionar a los errores de los gobiernos).


Esto muestra la psicología de masas de nosotros los chilenos. Pese a los deseos de teóricos comunitarios y algunos políticos participativos -entre ellos la propia Presidenta con la noción del "gobierno ciudadano". Nuestra participación es dificilmente planificada, "civilizada", con personas gritando frente a la Moneda "que se vayan". No pasó con Pinochet y veo dificil que pase con Michelle.

Más bien lo que acontece en la historia política chilena es que se llega a un punto de ebullición catártico en donde la emoción colectiva brota después de estar largamente contenida a todo lo largo y ancho de la sociedad. A lo mejor falta otro condorazo como el Transantiago para que emerge o quizá, como en la manifestación pingüina, basta un pequeño malestar que como bola de nieve termine involucrando a la opinión pública.

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